En una de las últimas sesiones del Concejo Deliberante de San Miguel, un grupo de concejales le exigió a la gestión del intendente Jaime Méndez claridad y transparencia en la rendición de cuentas del presupuesto.

Incluso uno de los más críticos aseguró que dichos fondos se emplearon para beneficiar emprendimientos inmobiliarios, destinados a los sectores más pudientes. En contraste, los vecinos de los barrios populares, los más alejados a la zona céntrica del distrito, reclaman asistencia social, sanitaria y en infraestructura, desde hace muchos años.

El 13 de mayo pasado, luego de dos prórrogas solicitadas por el Ejecutivo municipal, finalmente se llevó a cabo la rendición de cuentas de las partidas presupuestarias. En aquella instancia, uno de los más críticos fue el concejal Juanjo Castro, quien le afirmó a Crónica que el detalle del empleo de los recursos constó «en 2.030 fojas, y es imposible leerlas en una semana, para advertir los cambios de partidas». A su vez, el legislador reveló que «presentaron un presupuesto para 2023 de $35.000 millones, y luego hubo una actualización de $54.000 millones, y terminaron recaudando $124.000 millones, es decir, 140 millones por día, y lo que vas recaudando genera una libre disponibilidad de los gastos».

En el registro que recibieron los integrantes del Concejo, Castro precisó que «figuraban gastos varios muy elevados que no se especifican la razón y el lugar de destino». En este sentido, el concejal expresó que «los recursos del municipio se giran a los sectores más pudientes. Por ejemplo, en la zona de las calles Pardo y Gaboto se gastó una fortuna en asfalto, rotondas, y luminarias para favorecer emprendimientos inmobiliarios, duplicando el valor del terreno, de 60.000 y 70.000 dólares a 150.000 dólares. Vemos que se invirtió mucho en infraestructura en lugares en los que no se mueve el vecino a pie».