El Municipio de San Isidro, a través de un decreto firmado por el intendente Ramón Lanús, suspendió el proyecto inmobiliario que iba a realizarse sobre Elcano y Alvear, en la localidad de Martínez, por varios incumplimientos a las condiciones esenciales a las que se había sujeto la autorización.

Es que para obtener la aprobación definitiva debían, entre otras cuestiones, mostrar la factibilidad de las empresas, prestando servicios de agua potable, luz y electricidad.

Desde un comienzo, los residentes del barrio alegaban que el inmueble atentaba contra el uso público de la zona, en especial, del Parque de la Ribera.

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El proyecto de viviendas se había aprobado en 2020 bajo la gestión municipal de Gustavo Posse, aunque nunca se estableció la fecha de inicio.

Había sido autorizado a través de un decreto municipal, mediante el cual Fideicomiso “Fincas y Costa Sarmiento”, desarrollador del proyecto, debía cumplir distintas condiciones ambientales, urbanas y administrativas para comenzar con la obra.

En mayo de 2023, el Fideicomiso, a través de su entonces administrador fiduciario “Faro del Sur SRL”, comenzó a tramitar el permiso de construcción sobre el inmueble. En ese momento, el Municipio le solicitó que se cumplan las condiciones establecidas en el decreto Nº1947/2022, ya que varios aspectos del proyecto de obra no se ajustaban a lo establecido por la normativa: una porción del terreno afectaría el trazado de la calle Elcano y faltaba contar con la factibilidad de las empresas que prestarían servicios como agua potable, gas y electricidad. Además, tampoco se había presentado el plan de conservación de arbolado y reforestación en la zona costera.

Desde el Municipio explicaron que la empresa tuvo un plazo de 180 días para poder obtener la aprobación y el otorgamiento del permiso de construcción, pero a poco más de un año de ese plazo, el fideicomiso no cumplió los requisitos establecidos ni las observaciones que fueron formuladas nuevamente en tres intimaciones realizadas por la nueva gestión municipal este 2024.

Señalaron que, debido a esos “incumplimientos fundamentales”, declararon la caducidad del decreto que había firmado la gestión anterior.

“El desarrollador del proyecto incumplió los requisitos, a pesar de los plazos extendidos y las instancias de intimación. Además, el proyecto generaba una barrera urbana, algo inconsistente con la mirada que tenemos para la costa de San Isidro, una costa que sea para todos, accesible y caminable. Buscamos una costa que sea pública, abierta, integrada y con acceso a todos los vecinos y visitantes del distrito”, argumentaron desde la gestión local.

“Queremos recuperar espacio público para todos los vecinos de San Isidro e impulsar el trabajo, el desarrollo económico y la seguridad de la zona”, completaron.