Dos tercios del gasto nacional en seguridad van al AMBA
Informe semanal del Instituto para el Desarrollo Social Argentino -IDeSA-
Los graves incidentes generados por sectores que se atribuyen la causa mapuche llevaron a la gobernadora de Río Negro a solicitar a las autoridades que manden fuerzas de seguridad nacionales para tomar control de las rutas nacionales. La respuesta del Presidente, a través de una carta pública, fue que no es función del gobierno nacional reforzar el control en las rutas nacionales o garantizar mayor seguridad en la región.
En el Presupuesto nacional 2021 del Ministerio de Seguridad se dice expresamente que dicha cartera “… es el organismo público encargado de asistir a la Presidencia de la Nación en todo lo que respecta a la seguridad interior y a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes”. Para ello cuenta con la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía Aeroportuaria. En el mismo documento se coloca como primer objetivo del Ministerio fortalecer la articulación con los gobiernos provinciales para el abordaje de la seguridad interior.
La pregunta que cabe hacerse es cómo despliega el Ministerio de Seguridad federal los recursos a lo largo del territorio nacional. Según la distribución geográfica del Presupuesto 2021 se observa que:
—) En las provincias limítrofes con países vecinos asigna el 22 % del presupuesto.
—) En las provincias del interior no limítrofes asigna otro 11 % del presupuesto.
—) En la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires (fundamentalmente, Conurbano) asigna el restante 67 % de su presupuesto.
Estos datos señalan que el Ministerio de Seguridad de la Nación utiliza dos de cada tres pesos de su Presupuesto para la seguridad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para el resto del país se destina una proporción menor, aun cuando hay 15 provincias que colindan con países vecinos en donde el gobierno federal –por mandato constitucional– tiene que resguardar las fronteras con la Gendarmería o Prefectura si el límite es con río. Pero la Gendarmería descuida las fronteras y las rutas nacionales para cuidar el Conurbano cuya jurisdicción es de la Policía Bonaerense.
La Nación se desentiende del mantenimiento y mejora de las rutas nacionales y en esta ocasión argumentó, además, que no es responsable de preservar la seguridad en ellas. Raro, porque son de su exclusiva responsabilidad por ser rutas interprovinciales. Pero lo más paradójico es que, simultáneamente a la renuncia de sus responsabilidades en rutas nacionales, usa fondos para arreglar calles, plazas y cordón-cunetas cuya responsabilidad es de los municipios. En otras palabras, el gobierno nacional no hace lo que debe (cuidar las rutas nacionales), pero se entromete en lo que no debe (calles, plazas y cordón-cunetas). Lo mismo sucede en educación –se resiste a medir resultados docentes y de aprendizajes, pero arregla escuelas que son provinciales– y en salud –no mide resultados, pero manda remedios a los hospitales que son provinciales–.
En el problema con los mapuches subyace el caótico desorden del Estado argentino. No se trata de un tema puntual sino de una mala práctica extendida en todo el sector público. En la Constitución y en los discursos se enfatiza el federalismo y las autonomías provinciales. En la práctica prevalece la centralización de recursos. Esto induce a que el gobierno nacional se entrometa en servicios que son responsabilidad de las provincias. Se naturaliza que los tres niveles de gobierno quieran hacer todo, potenciando las ineficiencias y diluyendo las responsabilidades. En la inauguración de la obra, se pelean por la foto. De los fracasos nadie se hace cargo, como la violencia irresuelta en la Patagonia.
Mantener las superposiciones entre niveles de gobierno garantiza la profundización de la decadencia. Por eso es clave avanzar en un ordenamiento integral del Estado que incluya eliminar la coparticipación y que las provincias se financien con sus propios impuestos. Asimismo, que la Nación se concentre en hacerse cargo de sus responsabilidades sin inmiscuirse en las funciones de las provincias y los municipios.
