El defensor del Pueblo de Pilar, Adrián Maciel, presentó ante el Ente Regulador de Agua (ERAS) un reclamo en carácter de urgente debido a los reiterados y prolongados cortes de suministro de la empresa AySA, que tiene a su cargo la concesión del servicio de agua corriente en Pilar.
En este sentido, se pusieron de manifiesto los significativos perjuicios que ocasionó la falta de agua durante gran parte de los meses de enero y febrero a los residentes y comerciantes de Pilar, servicio que no obstante fue facturado y cobrado de forma regular, según el ombudsman, “en una clara violación a la ley 24.240”.

Acompañando esta solicitud, se presentó el reclamo colectivo de 855 vecinos afectados por la falta de servicio que iniciaron expedientes en la Defensoría del Pueblo de Pilar durante los meses estivales.

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“Durante los meses de verano recibimos una enorme cantidad de reclamos por falta de agua, situación que en muchos casos se extendió por varios días y que lamentablemente no es nueva en Pilar. La empresa, a la que notificamos en tiempo y forma en enero, no sólo no brindó soluciones al respecto, tan sólo las mismas excusas a las que recurre cada verano, sino que tampoco aplicó un resarcimiento a los usuarios.
Por eso le solicitamos al ERAS, en su carácter de ente regulador, que obligue a AySA a compensar económicamente a los vecinos pilareses afectados”, afirmó el defensor del pueblo.

Según Maciel, el objetivo de la presentación realizada en las últimas horas es que el ERAS le exija a AySA una compensación monetaria que impacte en la facturación futura de la totalidad de los usuarios afectados, así como la implementación de medidas concretas para resolver la crisis en el suministro de agua en Pilar.

Por otra parte, se requirió una revisión del tratamiento del agua en Pilar a partir de los datos que se desprenden de una serie de análisis de potabilidad efectuados el pasado 23 de enero en dos puntos diferentes del distrito, y cuyos resultados revelaron que el agua corriente en Pilar padece elevados niveles de nitrato y arsénico.

Si bien esta situación es histórica en el distrito, el ombudsman le solicitó al Ente Regulador que inste a la empresa prestataria a arbitrar los medios para comenzar a regularizar dichos niveles y ajustarlos a los valores establecidos por el Código Alimentario Argentino.

Por todo lo establecido, la Defensoría advirtió que se reserva en nombre de los usuarios damnificados la posibilidad de iniciar acciones legales hacia la prestataria y responsables solidarios y/o mancomunados por el daño emergente que puedan causar las deficiencias en el suministro, así como el resarcimiento económico por el daño patrimonial y / o perjuicio económico que produjo el cobro indebido del servicio no otorgado.