Jueves, 3 de Agosto de 2017

Stalin y De Vido

Por: JORGE ALTAMIRA

Pocas personas y aún menos periodistas deben haberse dado cuenta de las primicias que publica Clarín en la página 2 de su edición del martes 25 de julio. Joseph Stalin es presentado, 64 años después de su muerte, como un cruzado de la lucha contra la corrupción. La pretensión del autor de la nota, Alberto Amato, es usarlo como contraste ejemplar contra la posición del Partido Obrero acerca del desafuero o destitución parlamentaria de Julio De Vido.

 

El descontrol conceptual del columnista demuestra los extremos que ha alcanzado la campaña para salvar al macrismo de una derrota política en las Paso de agosto próximo. El régimen de despotismo burocrático instaurado por Stalin ha sido estructuralmente corrupto por definición, desde que implica el gobierno de una capa social de privilegiados, con sus limusinas y dachas, por encima de los derechos del conjunto de la población. El columnista Alberto Amato le adjudica a Stalin una ‘lucha contra la corrupción’ a los carpetazos de los que se valía el dictador, en la mayor parte falsos, para justificar sus purgas sanguinarias y los asesinatos de sus rivales políticos. Stalin, por esto mismo, no habría tenido inconveniente en contar a De Vido en su gabinete.

 

Que Amato proyecte una luz favorable sobre Stalin para atacar a la izquierda revolucionaria de Argentina, es más que un dislate. Es el recurso del que se vale para atacar la defensa del derecho constitucional vigente, en oposición al desafuero de un diputado sin que medie pedido o condena judicial.

 

El derrumbe del sistema político vigente y de sus apologistas ha llegado al extremo de que tiene que intervenir la izquierda ‘dura’ para ejercer la defensa de los principios constitucionales. ¿Desconoce Amato, acaso, que en ausencia de un requerimiento judicial objetivo, el Congreso no puede excluir a ninguno de sus miembros y que tiene, incluso, el derecho de rechazar esa petición si arriba a la conclusión de que es arbitraria o seudo legal?

 

El Partido Obrero ha hecho responsable a De Vido, en tiempo real, de las tragedias ferroviarias del país, y en particular de la de Once y del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. Lo ha venido haciendo desde su gestión en Santa Cruz y el caso Skanska, en el que participaron empresas, como Tenaris, una de las principales beneficiarias del gobierno macrista (que no es investigada, sin embargo, por ningún juez o funcionario de control). El año pasado, macristas y kirchneristas se negaron a tratar el desafuero, derivado de una orden de allanamiento judicial contra De Vido, con la oposición de los diputados del Frente de Izquierda. Los condenados Schiavi, ex secretario de Transporte, y Cirigliano, anterior concesionario de ferrocarriles, aún se encuentran libres debido al encubrimiento de los jueces y sus padrinos políticos de las bancadas parlamentarias mayoritarias. Lo mismo ocurre con los procesamientos e imputaciones a De Vido, y con su eventual expulsión del Congreso, pues no afectaría su libertad ni los patrimonios que haya acumulado.

 

La cohorte de la derecha argentina ha decidido conculcar las disposiciones constitucionales parlamentarias, no para acelerar la condena de De Vido, sino para evitar el sometimiento a juicio político de los jueces responsables. Eso sí, en Mendoza, la justicia ha pedido el desafuero de los diputados y senadores del FIT por la participación que tuvieron en la última huelga de la CGT. Amato todavía no escribió nada al respecto. Tentativas similares, contra diputados del FIT, han tenido lugar en Salta, por el apoyo que dimos a las marchas de maestros, y en Córdoba a las marchas contra la instalación de la planta de Monsanto.

 

La exclusión que se busca ahora, por “indignidad”, para salir de la inconstitucionalidad del desafuero y por la falta del apoyo parlamentario suficiente, demuestra la intencionalidad aviesa de usar el asunto como arma de demagogia electoral. Es, sin embargo, un recurso todavía más inconstitucional y por eso constituye un golpe parlamentario, carente de sustento jurídico. Es un golpe institucional de la coalición parlamentaria que ha servido al gobierno durante los dos años recientes. Es, por sobre todo, un grosero encubrimiento del poder judicial y de todos los corruptos del oficialismo, desde los off shore presidenciales, hasta la yunta del servicio de inteligencia con Odebrecht y de los negociados de empresas macristas con el kirchnerismo en la última década. Asistimos a un maridaje entre el oficialismo y sus aliados y la justicia corrupta. Los diarios informan casi diariamente acerca de las ‘operaciones’ del gobierno en los despachos judiciales. Asistimos igualmente a una extorsión: los inquisidores levantan un acta de acusación por “indignidad” con la pretensión de obtener un certificado de dignidad por descarte. No hace tanto, el pueblo reclamaba en la calle, reclamaba que estos mismos grupos políticos, de la Alianza de De la Rua y Chacho Álvarez y del pejotismo, se “fueran todos”.

 

El ataque a la izquierda ha desplazado, en los últimos días, las denuncias, con fines adulterados, contra De Vido y sus corruptelas trágicas. La campaña obedece a que nos hemos convertido en los fiscales políticos de denuncia de esta maniobra – mientras el kirchnerismo prefiere hacer mutis para el foro para disimular la escala de su corrupción política. Al final de cuentas, lo que quieren los encubridores judiciales de De Vido es valerse de un procedimiento jurídicamente inocuo y constitucionalmente golpista, para tapar el derrumbe de su política económica, el descontento social creciente y las luchas del mundo del trabajo.

 

JORGE ALTAMIRA   Dirigente Nacional del Partido Obrero

 

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